Un tribunal federal de EE. UU. ha dictado una orden para que NSO Group no vuelva a intentar infiltrarse en WhatsApp, el servicio de mensajería de Meta, una decisión que concreta una prohibición permanente contra nuevos ataques a la plataforma. La medida llega tras años de litigios por el uso del software de espionaje Pegasus.
La resolución, firmada por la jueza Phyllis Hamilton y extendida a lo largo de 25 páginas, también ajusta la compensación económica: el pago que debía afrontar NSO se reduce de aproximadamente 167 millones de dólares a 4 millones de dólares, un recorte notable que no altera, sin embargo, el alcance del veto técnico.
Qué ha decidido el tribunal y por qué importa
La jueza Hamilton impone una medida cautelar de carácter permanente que impide a NSO intentar acceder o atacar la infraestructura de WhatsApp, uno de los servicios de mensajería con mayor implantación mundial. El fallo blinda a la plataforma frente a nuevos intentos de intrusión por parte de la firma israelí.
En paralelo, el tribunal concede una reducción muy significativa de los daños punitivos: de cerca de 167 millones a 4 millones. Según los documentos del caso, el ajuste económico convive con la parte esencial del fallo, que es la prohibición explícita de futuras ofensivas contra el servicio.
Para NSO, la orden representa un desafío operativo. La compañía ya había advertido que una restricción de este tipo podría poner en aprietos su actividad, llegando a afirmar que una prohibición así podría comprometer la viabilidad de su negocio, de acuerdo con lo recogido en la sentencia.
El origen de la disputa se remonta a 2019, cuando WhatsApp presentó una demanda acusando a NSO de acceder sin autorización a sus servidores para instalar Pegasus en dispositivos de víctimas. En esa acción legal se sostiene que se llegó a espiar a unas 1.400 personas, entre periodistas, activistas y disidentes.
Pegasus, el producto más conocido de NSO, se aprovecha de debilidades en aplicaciones y sistemas ampliamente utilizados para vigilar dispositivos. Por eso WhatsApp se convirtió en uno de sus objetivos prioritarios, al permitir un gran alcance a posibles objetivos.
Meta ha recibido el fallo con satisfacción. Directivos de la compañía destacaron que la decisión impide a NSO volver a atacar WhatsApp y a sus usuarios después de un proceso judicial prolongado para depurar responsabilidades por ataques a miembros de la sociedad civil, según han expresado públicamente.
NSO, por su parte, ha señalado que acoge con buenos ojos la reducción del 97% en los daños punitivos y subraya que la orden no se extiende a sus clientes, quienes —según afirma— seguirán utilizando su tecnología con fines de seguridad pública. La empresa también ha indicado que revisará la resolución para decidir sus próximos pasos.
En el plano corporativo, y de acuerdo con información publicada por TechCrunch a comienzos de mes, NSO habría pasado a manos de un consorcio liderado por el productor de Hollywood Robert Simonds; este movimiento, de confirmarse, podría influir en la estrategia futura de la compañía, aunque no hubo respuesta inmediata a solicitudes de comentario.
Para los usuarios, la orden judicial añade una capa de protección relevante: NSO no puede volver a intentar explotar WhatsApp en EE. UU., lo que reduce la superficie de riesgo en la plataforma. Eso no implica inmunidad absoluta —el software malicioso evoluciona—, pero sí supone un freno claro a nuevas campañas de intrusión a través de este servicio.
Más allá del caso concreto, la decisión deja un mensaje nítido para el sector: atacar la infraestructura de una empresa estadounidense puede acarrear consecuencias jurídicas y económicas severas. El precedente podría pesar sobre otras firmas de software espía que operan en el borde de la legalidad internacional.
La fotografía general queda, así, bastante definida: el tribunal bloquea a NSO cualquier intento de irrumpir en WhatsApp y rebaja sustancialmente la indemnización; Meta celebra el resultado, NSO reivindica el alivio económico y sostiene que sus clientes no están afectados, mientras ambas partes se preparan para la siguiente fase tras un litigio iniciado en 2019.