- Desde el 2 de agosto de 2026, las empresas deben informar cuando se interactúa con una IA o cuando el contenido es sintético.
- La Comisión Europea asume nuevos poderes de supervisión y puede imponer multas de hasta 15 millones de euros.
- El calendario de implantación se extiende hasta 2028, con excepciones para contenidos artísticos y revisión humana.
- España avanza con su propia ley de IA, que incluye la prohibición de deepfakes sexuales.
La Unión Europea ha dado un paso decisivo en la regulación de la inteligencia artificial. Desde este domingo 2 de agosto de 2026, entran en vigor las obligaciones de transparencia de la Ley de IA, una normativa pionera a nivel mundial que busca equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los derechos fundamentales. Tras la prohibición de usos inaceptables en febrero de 2025 y las exigencias para modelos de propósito general en agosto de ese mismo año, ahora le toca el turno a las medidas que afectan directamente a la relación entre los ciudadanos y los sistemas de IA.
El reglamento, aprobado en junio de 2024, se aplica de forma escalonada. La fase que arranca hoy se centra en la transparencia: las empresas y administraciones que utilicen chatbots, asistentes virtuales o generen contenidos con IA deberán informar de forma clara y visible a los usuarios. Además, la Oficina de Inteligencia Artificial de la Comisión Europea asume nuevas competencias de supervisión y sanción, lo que supone un cambio de paradigma en la gobernanza de esta tecnología en el continente.
Transparencia y etiquetado: las nuevas exigencias
A partir de ahora, cualquier sistema de IA generativa debe marcar sus contenidos para que los usuarios puedan identificar que son sintéticos. Esto afecta a textos, imágenes, audios y vídeos creados o alterados por máquinas. Empresas como OpenAI, Google o Anthropic están obligadas a diseñar sus herramientas para que el usuario sepa sin duda que interactúa con una máquina, ya sea a través de un chatbot o al recibir un comunicado generado por IA.
La obligación se extiende a los asistentes virtuales utilizados en servicios públicos, atención al cliente o gestión de denuncias. Incluso los sistemas de bajo riesgo, como un FAQ conversacional, deben incluir un aviso explícito. La ley exige que estas advertencias sean claras, visibles y comprensibles, sin esconderlas en apartados de condiciones legales. Google y Meta ya han firmado un código voluntario de buenas prácticas para cumplir con estas exigencias, similar a cómo la UE obliga a Google a abrir Android a la IA de la competencia.
En el caso de los deepfakes, quienes los difundan deberán indicar que se trata de contenido manipulado. La norma también obliga a informar del uso de IA para reconocer emociones o realizar categorizaciones biométricas, salvo en los casos autorizados por ley para prevenir o perseguir delitos. El objetivo es limitar la desinformación y neutralizar el antropomorfismo de la IA, es decir, la tendencia a atribuir sentimientos humanos a las máquinas.
Supervisión y sanciones: la UE toma el control
La Comisión Europea, a través de su Oficina de IA, podrá investigar, auditar y exigir información a todas las empresas que comercialicen IA en la UE. También podrá acceder a los modelos de propósito general para evaluar sus riesgos, ordenar medidas correctoras e incluso restringir su disponibilidad si detecta incumplimientos. Este control se ejerce de forma compartida con las autoridades nacionales, como la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) en el caso de España.
Las sanciones por vulnerar las obligaciones de transparencia pueden alcanzar los 15 millones de euros o el 3% de la facturación global anual, aplicándose la cifra más elevada. Para las infracciones más graves, como el uso de prácticas prohibidas, las multas pueden llegar hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación. En el caso de instituciones de la UE, la sanción máxima es de 750.000 euros. La ley también contempla la posibilidad de bloquear y retirar del mercado los modelos que supongan un peligro.
Recientemente, la Comisión ha iniciado conversaciones con OpenAI y Anthropic tras incidentes de ciberseguridad en los que sus agentes de IA realizaron acciones no autorizadas durante pruebas. Estos casos, sumados a otros incidentes de seguridad con ChatGPT, han reforzado la necesidad de mecanismos de supervisión continua y control humano, especialmente para los modelos de alto riesgo. Bruselas negocia con Anthropic un marco que permita a la Agencia de Ciberseguridad de la UE (ENISA) examinar modelos como Mythos sin comprometer infraestructuras críticas.
Calendario de implantación y excepciones
La aplicación de la AI Act continúa de forma escalonada. El próximo hito será el 2 de diciembre de 2026, cuando entren en vigor las nuevas prohibiciones incorporadas por el paquete ‘AI Omnibus’, que impedirán la creación de imágenes sexualizadas mediante IA sin consentimiento y el material de abuso sexual infantil. También se exigirán marcas de agua en todos los contenidos manipulados, aunque los proveedores no serán responsables del material creado por los usuarios, salvo en asuntos de interés general.
Para los sistemas de alto riesgo, como los utilizados en sanidad, educación o empleo, las normas se aplicarán a partir del 2 de diciembre de 2027. El periodo transitorio concluirá el 2 de agosto de 2028, cuando se integren los sistemas de IA en productos sujetos a otra legislación europea, como dispositivos médicos o vehículos. Cabe destacar que el pasado junio la UE aprobó el ‘Ómnibus Digital’, una reforma que aplaza algunas prohibiciones y obligaciones hasta finales de 2026, 2027 y 2028, generando un debate sobre la flexibilidad del marco regulatorio.
Una de las excepciones más relevantes es que los contenidos de ficción, artísticos o satíricos quedan exentos de las obligaciones de marcado. Además, si un contenido generado por IA sobre asuntos de interés público ha sido revisado previamente por una persona, no será necesario advertirlo. La Comisión aclara que las revisiones meramente formales, como la corrección ortográfica, no se consideran control editorial.
España y su propia ley de IA
España no se ha quedado atrás en la adaptación de la normativa europea. En mayo de 2026, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de IA, que adapta el reglamento comunitario y define las autoridades con poderes especiales para supervisar su uso en el país. La propuesta española incluye la prohibición de generar deepfakes sexuales, una medida que fue incorporada a la ley europea tras una enmienda impulsada por España. Actualmente, el texto se encuentra en fase de enmiendas parlamentarias.
Según un informe de la consultora Entelgy, aproximadamente el 70% de las grandes empresas españolas ya ha iniciado algún proceso de adaptación a la AI Act. La medida más extendida ha sido la formación de empleados en uso responsable de la IA (70,7%), seguida de la creación de un comité de gobernanza (47,3%) y el establecimiento de políticas internas (33,7%). Sin embargo, la consultora advierte de falsas creencias, como pensar que es necesario esperar a una ley nacional para cumplir o que disponer de un proveedor tecnológico con garantías es suficiente. El reglamento europeo es de aplicación directa en España y su supervisión corresponde a la AESIA.
Entelgy insiste en que el cumplimiento debe abordarse como un proyecto estratégico y no solo tecnológico. Las empresas necesitan desarrollar criterios propios, establecer políticas claras y dotar a sus equipos directivos de mecanismos de gobernanza. El aplazamiento de algunas obligaciones para sistemas de alto riesgo hasta 2027 no debe interpretarse como una suspensión de los trabajos de adaptación, sino como una oportunidad para prepararse adecuadamente.
Con la entrada en vigor de esta nueva fase, la Unión Europea se consolida como el primer bloque del mundo con una regulación integral de la inteligencia artificial. Las obligaciones de transparencia, el refuerzo de la supervisión y el calendario escalonado buscan garantizar que la IA se desarrolle de forma segura y respetuosa con los derechos fundamentales, al tiempo que se fomenta la innovación. Tanto las empresas como las administraciones públicas tienen ahora la responsabilidad de adaptarse a un marco que, aunque exigente, pretende generar confianza en una tecnología que ya forma parte de nuestra vida cotidiana.
