- El Ayuntamiento de Murcia implanta 24 cámaras unipersonales en el Grupo Especial de Seguridad Ciudadana como proyecto piloto de tres meses.
- Las grabaciones de audio y vídeo se activan solo en situaciones legalmente previstas, con un protocolo interno y bajo principios de proporcionalidad y necesidad.
- Las imágenes se almacenan en un software específico y solo pueden ser consultadas por la autoridad judicial como prueba objetiva en procedimientos.
- La medida se enmarca en una estrategia más amplia de modernización de la Policía Local, con nuevas unidades, vehículos y tecnologías de comunicación.

La Policía Local de Murcia ha incorporado cámaras unipersonales a su equipamiento diario como parte de una apuesta por modernizar el servicio y reforzar las garantías en sus intervenciones. Se trata de dispositivos que graban audio y vídeo y que llevarán encima determinados agentes durante sus actuaciones en la vía pública.
Con esta medida, el Ayuntamiento quiere aumentar la seguridad tanto de los funcionarios como de la ciudadanía, aportar transparencia a las actuaciones policiales y contar con material objetivo que pueda servir de apoyo en procedimientos judiciales. La experiencia se lanza de forma limitada para evaluar su funcionamiento antes de extenderla al resto de la plantilla.
Un proyecto piloto con 24 cámaras unipersonales
El consistorio murciano ha puesto en marcha un proyecto piloto de tres meses para testar el uso de estos Dispositivos de Grabación Unipersonal (DGU) en el terreno. En esta primera fase, las cámaras se asignan a 24 agentes del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC), una unidad especializada con base en la Comisaría del Infante.
Según explicó el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, acompañado por el comisario jefe José María Mainar, la idea es comprobar si se cumplen los objetivos marcados y, en función de los resultados, valorar su extensión al resto de unidades operativas de la Policía Local. El planteamiento del Ayuntamiento es que, a medio plazo, todos los agentes que prestan servicio en la calle puedan disponer de una cámara individual.
La compra de las 24 cámaras, junto con sus soportes, cargadores y software de gestión de evidencias, ha supuesto un desembolso cercano a los 18.000 euros, concretamente 17.975,76 euros. Esta inversión se concibe como el primer paso dentro de una estrategia más amplia de renovación tecnológica de la policía municipal.
Perona subrayó que estos equipos no solo refuerzan la seguridad de los agentes y de los vecinos, sino que también tienen un claro efecto disuasorio frente a comportamientos agresivos o ilícitos. La sola presencia visible del dispositivo puede reducir conflictos en intervenciones tensas.
Para el concejal, estas herramientas suponen «un plus en defensa del ciudadano y del propio agente», especialmente en actuaciones en las que los policías se juegan su integridad física. Asimismo, el responsable municipal apuntó que las grabaciones permiten combatir rumores y versiones interesadas sobre determinadas intervenciones, como las polémicas surgidas en fiestas multitudinarias tipo Bando de la Huerta de Murcia.
Cuándo y cómo se utilizan las cámaras
Las cámaras unipersonales se emplearán únicamente en los supuestos previstos por la normativa y siguiendo un protocolo interno elaborado por la propia Jefatura. No grabarán de forma continua: será el policía quien decida cuándo encender y apagar el dispositivo, siempre que se den las condiciones legales para hacerlo.
El comisario jefe, José María Mainar, detalló que las grabaciones se activarán en intervenciones complejas, por ejemplo en casos de resistencia a la autoridad, altercados en la vía pública o actuaciones por presuntos delitos e infracciones graves. La utilización de la cámara debe respetar los principios de proporcionalidad, necesidad e intervención mínima.
En la práctica, un uso típico sería el de una identificación conflictiva, cuando una persona se niega a colaborar, insulta o desobedece al agente. En una situación así, explicó Mainar, estaría justificado iniciar la grabación para dejar constancia de lo ocurrido y respaldar jurídicamente la actuación policial.
Otro aspecto relevante es que estos equipos están configurados para guardar automáticamente los 60 segundos previos a la activación. De este modo se registra también el contexto inmediato anterior al momento en que el agente pulsa el botón, lo que ayuda a reconstruir con fidelidad la secuencia de los hechos.
Cuando la intervención finaliza o el policía considera que ya no es necesario seguir grabando, detiene la grabación manualmente. Siempre que las circunstancias lo permitan, los agentes intentarán advertir al ciudadano de que se va a iniciar la grabación, algo que contribuye además al efecto disuasorio de estos dispositivos.
Garantías legales y custodia de las imágenes
Uno de los puntos que más ha cuidado el Ayuntamiento es el respeto a los derechos fundamentales y la protección de datos. Las cámaras solo se utilizarán en espacios públicos y en circunstancias muy concretas de urgencia o especial riesgo, sin que esté previsto su uso indiscriminado o permanente.
Mainar dejó claro que las imágenes no pueden ser consultadas libremente por los agentes. El volcado de los datos se realiza mediante un software específico de gestión de evidencias y las grabaciones quedan protegidas frente a copias no autorizadas o manipulaciones.
El acceso a ese material está muy restringido: solo la autoridad judicial u órganos habilitados legalmente pueden visionar las imágenes, que se incorporan, en su caso, a diligencias e investigaciones. Ni los propios policías ni terceros ajenos al procedimiento están autorizados a extraer o difundir los vídeos.
Esta forma de trabajar busca que las cámaras sean una fuente de prueba objetiva y fiable, de modo que los jueces y tribunales cuenten con un registro lo más fiel posible de lo ocurrido durante una intervención. Al mismo tiempo, se pretende blindar el uso de las imágenes para que no se conviertan en un elemento de exposición pública o morbo.
Además de su valor probatorio, el Ayuntamiento apunta que el material grabado se podrá emplear, cumpliendo siempre la normativa de protección de datos, en la formación interna y en la evaluación profesional, analizando intervenciones reales para mejorar protocolos y detectar áreas de mejora en la actuación policial.
Beneficios para la seguridad y la confianza ciudadana
Desde el Consistorio se subraya que las cámaras suponen un refuerzo de la seguridad jurídica de las actuaciones policiales. Al quedar registradas en tiempo real, se minimizan las dudas sobre cómo se desarrolló una intervención concreta, lo que facilita aclarar responsabilidades cuando hay denuncias cruzadas o versiones contradictorias.
La experiencia de otros países y grandes ciudades, como Reino Unido, Francia o Nueva York, donde estos dispositivos llevan años implantados, apunta a que su presencia ayuda a reducir los enfrentamientos, los insultos y las agresiones hacia los agentes. Muchas personas cambian su comportamiento cuando saben que sus actos están siendo grabados.
Al mismo tiempo, las cámaras pueden contribuir a reforzar la confianza de la población en la Policía Local, al ofrecer un mecanismo transparente para revisar las intervenciones. Saber que existe un registro fiel de lo que ha pasado sirve tanto para proteger a los ciudadanos frente a posibles abusos como a los funcionarios ante acusaciones infundadas.
El Ayuntamiento también confía en que estos dispositivos ayuden a disminuir los bulos y las interpretaciones interesadas que a veces circulan en redes sociales después de incidentes en eventos multitudinarios o en zonas de ocio. La existencia de una grabación oficial permite contrastar rápidamente los hechos.
En definitiva, se espera que el proyecto contribuya a generar un clima de mayor transparencia, responsabilidad y profesionalidad en la relación entre la Policía Local de Murcia y la ciudadanía, integrando la tecnología como un aliado más en la gestión de la seguridad urbana.
El papel del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana
El uso de estas cámaras se ha confiado inicialmente al Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC), una unidad integrada en la División Centralizada de la Policía Local y con sede en la Comisaría del Infante. Sus integrantes cuentan con una elevada especialización en protección ciudadana y actúan en todo el término municipal.
Entre sus cometidos figura la prevención y denuncia del consumo de alcohol en la vía pública, el conocido «botelleo», así como el control de la venta de alcohol fuera de horario o a menores. También se encargan de la vigilancia de conciertos, recintos municipales y grandes eventos y desfiles que reúnen a miles de personas.
El GESC realiza igualmente controles de seguridad en barrios y pedanías, inspecciones en locales de ocio y revisión de documentación, además de participar en operativos contra la venta ambulante ilegal y en labores preventivas frente a hurtos y robos en diferentes zonas del municipio.
Otro ámbito de trabajo de este grupo especializado es la elaboración de informes periciales en infracciones penales relacionadas con la propiedad industrial e intelectual, así como la protección de autoridades y edificios municipales en situaciones de riesgo o especial sensibilidad.
La elección de esta unidad para arrancar la experiencia piloto responde a que sus agentes afrontan escenarios de mayor conflictividad y concentración de público, donde la presencia de cámaras unipersonales puede resultar especialmente útil tanto para documentar las intervenciones como para disuadir conductas violentas.
Modernización de medios y refuerzo del servicio policial
La introducción de las cámaras unipersonales se enmarca en un proceso global de modernización de la Policía Local de Murcia. En los últimos meses, el Ayuntamiento ha renovado y ampliado el parque móvil con más de 60 nuevas motocicletas y 26 turismos patrulla, lo que mejora la capacidad de presencia y respuesta en las calles.
En el terreno de las comunicaciones, se han incorporado 800 terminales híbridos TETRA-LTE, una tecnología que facilita la coordinación operativa entre los distintos recursos sobre el terreno y optimiza la gestión de emergencias y servicios ordinarios.
El refuerzo también se nota en la plantilla: 57 nuevos efectivos, 55 agentes y 2 subinspectores, se han sumado al cuerpo en el último año. Este incremento de personal permite reorganizar turnos y reforzar áreas clave de vigilancia y atención al ciudadano.
Junto a ello, el Ayuntamiento ha impulsado la creación de nuevas unidades especializadas, como la Unidad de Caballería, compuesta por cuatro jinetes, y la Unidad de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), formada por 12 efectivos que operan en zonas peatonales y espacios donde el acceso con vehículos convencionales resulta más complicado.
En cuanto a los recursos materiales, se han adquirido cuatro furgones para el Grupo Especial de Seguridad Ciudadana y dos furgones adicionales destinados al servicio general, reforzando los equipos disponibles para grandes dispositivos de seguridad y actuaciones específicas en distintos puntos del municipio.
Hacia una Policía Local más tecnológica y cercana
Además de las mejoras ya en marcha, el Ayuntamiento trabaja en el futuro centro integral de seguridad de El Palmar, una infraestructura llamada a agrupar los distintos servicios de seguridad y emergencias del municipio en un mismo emplazamiento, facilitando así la coordinación entre cuerpos y la atención rápida en situaciones críticas.
La implantación de las cámaras unipersonales se suma a esta línea de actuación, que pretende consolidar un modelo de policía local apoyada en la tecnología pero con fuerte presencia de proximidad en barrios, pedanías y zonas de gran afluencia. El objetivo es que la ciudadanía perciba un servicio más moderno, preparado y accesible.
La experiencia que aporte este proyecto piloto servirá para ajustar protocolos, evaluar resultados y decidir la expansión del sistema al resto de unidades. La intención manifestada por el concejal de Seguridad es que las nuevas promociones salgan de la academia con estos dispositivos plenamente integrados en su equipamiento habitual.
La referencia a otras ciudades españolas y europeas que ya emplean cámaras similares muestra que Murcia busca alinearse con las tendencias actuales en seguridad urbana, en las que la grabación de intervenciones se ve como una herramienta útil para todos los implicados: ciudadanos, agentes y sistema judicial.
Esta combinación de nuevos medios materiales, incorporación de efectivos, unidades especializadas y dispositivos de grabación personal configura un escenario en el que la Policía Local de Murcia aspira a ofrecer un servicio más eficaz, transparente y acorde a las exigencias de una ciudad que quiere sentirse segura sin renunciar a sus derechos ni a su vida en la calle.

