- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma una sanción definitiva de 4.125 millones de euros contra Google.
- La sentencia ratifica que la compañía impuso restricciones ilegales a fabricantes para favorecer a su buscador y navegador.
- Alphabet, matriz del gigante tecnológico, deberá asumir solidariamente más de 1.520 millones de la cuantía total.
- La resolución pone fin a una década de litigios legales y refuerza la doctrina de competencia en el mercado digital europeo.
Se acabó lo que se daba en los tribunales de Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha puesto el punto final a uno de los culebrones legales más intensos de la tecnología moderna al confirmar la multa de 4.125 millones de euros impuesta a Google. Esta decisión desestima de forma definitiva el recurso de casación que habían presentado tanto la firma del buscador como su matriz, Alphabet, intentando tumbar una sanción que ya es historia de la libre competencia en el Viejo Continente.
La sentencia no solo valida el castigo económico, sino que respalda la tesis de que Google utilizó Android como una especie de caballo de Troya para blindar su buscador y su navegador Chrome. A pesar de que los de Silicon Valley se han defendido con uñas y dientes durante años, la máxima instancia judicial europea considera que las restricciones impuestas a los fabricantes de móviles no fueron una casualidad, sino una estrategia bien orquestada para que nadie pudiera toserles en el mercado de las búsquedas móviles.
Un litigio que viene de largo
Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, hay que echar la vista atrás un buen puñado de años. Todo empezó en 2015 con una investigación de la Comisión Europea que culminó en 2018 con una sanción inicial todavía más alta, de unos 4.340 millones de euros. Tras un primer paso por el Tribunal General, la cifra se ajustó ligeramente a la baja hasta los 4.125 millones actuales, después de que se anularan algunos puntos específicos sobre los acuerdos de reparto de ingresos publicitarios que Bruselas no terminó de probar del todo.
A lo largo de este proceso, el gigante tecnológico no ha estado solo, ya que contó con el apoyo de algunos fabricantes y asociaciones del sector. Sin embargo, en la otra orilla, la Comisión Europea recibió el respaldo de organizaciones de consumidores y motores de búsqueda alternativos como Qwant o Seznam, que denunciaban lo difícil que es asomar la cabeza cuando el sistema operativo más usado del mundo te viene con todo el pack de Google ya instalado de serie.
Las claves del abuso según la justicia
El núcleo del problema reside en los contratos que Google obligaba a firmar a quienes querían fabricar teléfonos con su sistema operativo. Según ha quedado probado, si un fabricante quería incluir la Play Store —la tienda de aplicaciones sin la que un móvil Android hoy día se queda cojo—, tenía que preinstalar obligatoriamente Google Search y el navegador Chrome. Esto creaba lo que los jueces llaman un «sesgo de statu quo», ya que la inmensa mayoría de los usuarios no se molesta en descargar otra app si ya tiene una que funciona desde el minuto uno.
Además de la preinstalación, el tribunal ha puesto el foco en los llamados acuerdos contra la fragmentación. Básicamente, Google impedía a las marcas vender dispositivos que llevaran versiones de Android modificadas o no autorizadas si querían seguir trabajando con ellos. Para el TJUE, esto limitaba las oportunidades comerciales de sistemas operativos alternativos y reforzaba todavía más la posición dominante de la compañía, cerrando puertas a la innovación de terceros que intentaban ofrecer algo distinto.
- Obligatoriedad de preinstalar herramientas propias para acceder a la tienda de apps.
- Prohibición de comercializar dispositivos con versiones de Android no oficiales.
- Uso de incentivos para asegurar la exclusividad del motor de búsqueda.
La respuesta de Google y el impacto económico
Como era de esperar, en las oficinas de Google la noticia no ha sentado nada bien. Un portavoz de la empresa ha señalado que Android ha servido para que el mercado móvil sea más abierto y gratuito, lamentando que la sentencia no valore la inversión millonaria realizada en el sistema operativo. Aun así, la compañía recalca que ya en 2018 modificó sus contratos para cumplir con las exigencias europeas, tratando de transmitir un mensaje de tranquilidad hacia sus socios y desarrolladores tras este varapalo judicial.
En términos de dinero contante y sonante, Alphabet tendrá que responder de forma solidaria por unos 1.520 millones de euros de la multa total. Aunque para una empresa que factura cantidades astronómicas cada trimestre esto parezca un rasguño, la realidad es que sienta un precedente jurídico muy potente. Bruselas saca pecho con este resultado, ya que refuerza su capacidad para meter mano a las grandes tecnológicas cuando consideran que se están pasando de la raya con las reglas del mercado único.
Un nuevo escenario para la competencia digital
Lo más relevante de este fallo es que aclara que en los mercados digitales no siempre hace falta demostrar que una empresa puede expulsar a un competidor «igual de eficaz» para hablar de abuso. El TJUE considera que basta con acreditar que ciertas prácticas levantan barreras de entrada injustas para otros actores. Esta interpretación es música para los oídos de los reguladores europeos, que ahora tienen el camino más despejado para vigilar de cerca cómo se comportan los ecosistemas cerrados de las grandes plataformas que usamos a diario.
Esta resolución judicial cierra la puerta a nuevas apelaciones y deja claro que el control sobre el software base de los teléfonos móviles no puede usarse como un peaje obligatorio para favorecer servicios propios. Con la confirmación del pago de los 4.125 millones, se certifica que las normas de juego en Europa son estrictas y que, por muy grande que sea el gigante de internet, debe jugar limpio si quiere operar en territorio comunitario. Al final, lo que se busca es que el usuario tenga la última palabra y que pueda elegir su navegador o buscador favorito sin que venga impuesto por el fabricante del terminal.