El contrato de ciberseguridad más relevante de la Administración General del Estado ha encallado por un detalle aparentemente formal, pero jurídicamente clave. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha decidido excluir a Telefónica del Lote 3 del macrocontrato CORA III, el tramo que agrupa los servicios de interconexión de centros de datos, seguridad e Internet, y ha declarado la adjudicación desierta.
La decisión supone un giro llamativo en un proceso ya controvertido, porque el mismo argumento legal que tumbó primero la oferta de MasOrange —la ausencia de un plan de igualdad debidamente inscrito en una de las empresas de la UTE— ha terminado por expulsar ahora a la propia Telefónica, que había quedado como única alternativa para hacerse con el contrato.
Por qué se ha excluido a Telefónica del contrato de ciberseguridad
La clave del caso está en la UTE formada por Telefónica de España y Telefónica Soluciones (UTE TdE-TSOL), que concurría al Lote 3 del expediente de “Servicios consolidados de telecomunicaciones de la Administración General del Estado y otras entidades públicas” (Fase III). Según el acta de la Mesa de Contratación de 12 de noviembre, esta unión temporal incurre en una prohibición de contratar recogida en la Ley de Contratos del Sector Público.
El motivo concreto es la situación de Govertis Advisory Services, una sociedad del grupo Telefónica que aportaba la solvencia técnica necesaria para la oferta. La Mesa verificó de oficio en el Registro de Planes de Igualdad (Regcon) que Govertis, pese a contar con más de 50 empleados, no tenía inscrito un plan de igualdad, a pesar de estar obligada a ello por la normativa vigente.
De acuerdo con el artículo 71.1.d) de la Ley de Contratos del Sector Público, las empresas que superan ese umbral de plantilla y no disponen de un plan de igualdad efectivo e inscrito se encuentran en situación de prohibición para contratar con la Administración. Al figurar Govertis como entidad que integra la solvencia técnica de la UTE, la ausencia del plan afecta directamente a la aptitud de toda la oferta, lo que lleva a su exclusión.
La Mesa de Contratación traslada su propuesta al Ministerio para la Transformación Digital, que acepta el criterio técnico y procede a excluir formalmente a la UTE de Telefónica y a declarar desierta la licitación del Lote 3, al no existir ya ningún otro licitador con oferta válida en ese tramo.
Intento fallido de Telefónica para salvar la oferta
Antes de que se formalizara la exclusión, la UTE TdE-TSOL trató de corregir el problema proponiendo una sustitución interna dentro del propio grupo Telefónica. La compañía planteó reemplazar a Govertis por Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech (TCCT), otra filial especializada que, según sus alegaciones, ya disponía de las capacidades y perfiles comprometidos, incluido el responsable de cumplimiento normativo.
Sin embargo, la Mesa de Contratación rechazó esta maniobra. En su razonamiento explica que permitir el cambio supondría modificar la oferta fuera de plazo y completar la solvencia con posterioridad al cierre de presentación de proposiciones, algo expresamente contrario a los principios de igualdad de trato, transparencia y libre concurrencia que rigen la contratación pública.
El órgano colegiado considera que la solvencia técnica y los requisitos personales de los licitadores deben acreditarse correctamente en el momento de presentar la oferta, y no pueden ser “remendados” a posteriori una vez detectados los incumplimientos. A partir de ahí, la propuesta de exclusión se convierte en la única opción compatible con la normativa.
La situación resulta especialmente llamativa porque Telefónica había utilizado exactamente el mismo argumento jurídico —la falta de un plan de igualdad en una de las empresas asociadas— para impugnar la adjudicación inicial a MasOrange. El precedente creado por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) con aquel recurso se vuelve ahora en contra del operador histórico.
Un Lote 3 desierto y prórroga de los servicios actuales
Con la exclusión de la UTE de Telefónica, el Lote 3 del CORA III queda oficialmente desierto. Este lote está destinado a los servicios de interconexión de centros de proceso de datos, seguridad e Internet de la Administración Central, y contaba con un presupuesto base superior a los 65 millones de euros (alrededor de 78,6 millones con impuestos).
Al no haber ningún otro licitador con oferta clasificada, la Administración se ve obligada a prorrogar los contratos actualmente en vigor mientras se prepara una nueva licitación, un proceso que previsiblemente llevará varios meses. En la práctica, eso significa que Telefónica e Indra seguirán prestando los servicios asociados a este lote en régimen de continuidad, al ser ganadores del concurso anterior.
La prórroga no resuelve, sin embargo, el problema de fondo: la necesidad de cerrar un marco estable y actualizado para la ciberseguridad y la interconexión de los centros de datos de la Administración General del Estado. En la práctica, eso significa que Telefónica e Indra seguirán prestando los servicios asociados a este lote en régimen de continuidad, al ser ganadores del concurso anterior.
Fuentes del sector consultadas por distintos medios apuntan a que el nuevo concurso podría introducir ajustes en los pliegos y en las exigencias formales, dada la experiencia acumulada con las exclusiones de MasOrange y Telefónica. En cualquier caso, el calendario y el alcance exacto de la futura licitación todavía no se han concretado.
La cascada de descalificaciones: de MasOrange a Telefónica
La exclusión de Telefónica no puede entenderse sin repasar antes lo ocurrido con MasOrange, TRC y Mnemo, la UTE que se había impuesto inicialmente en el famoso Lote 3. Cuando se publicaron las valoraciones de las ofertas del CORA III, el 10 de marzo, quedó claro que MasOrange había ganado la licitación tanto en puntuación global como en precio.
Las propuestas técnicas de MasOrange y Telefónica fueron valoradas por igual, con la máxima puntuación. La diferencia decisiva estuvo en el apartado económico: la oferta de MasOrange se situó en 55,26 millones de euros sin IVA, mientras que la de Telefónica alcanzó los 63,06 millones. Esos casi ocho millones de diferencia otorgaron a MasOrange una ventaja clara en la puntuación económica y le dieron la victoria inicial.
Sin embargo, Telefónica decidió impugnar la adjudicación ante el TACRC, alegando que una de las empresas de la UTE rival, Mnemo, carecía de un plan de igualdad válido y debidamente inscrito en el momento de concurrir al concurso. El tribunal, adscrito al Ministerio de Hacienda, estimó el recurso el 4 de octubre y ordenó retrotraer el procedimiento.
La Mesa de Contratación comprobó que el plan de igualdad de Mnemo no había sido negociado con la representación de los trabajadores y que no constaba inscrito cuando se presentó la oferta ni cuando se adoptó la adjudicación. En consecuencia, la UTE de MasOrange fue excluida del proceso y la Administración pasó a proponer como adjudicataria a la única oferta restante, la de Telefónica.
Ese desenlace generó críticas en parte del sector, tanto por el desenlace económico —la opción más barata quedaba fuera— como por el contexto político: el Gobierno, a través de SEPI, posee el 10% del capital de Telefónica, lo que alimentó suspicacias sobre la imparcialidad del proceso. Además, se señalaba que la ciberseguridad de la Administración Central recaería en una empresa, MasOrange, con creciente presencia de capital público francés a través de Orange, que controla un 23% del operador galo y ha pactado hacerse con el 100% de MasOrange.
Planes de igualdad como arma estratégica en las licitaciones
El denominador común de todas estas decisiones es el plan de igualdad, una obligación legal concebida para promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en las empresas, pero que se ha convertido en un elemento de enorme peso en las grandes licitaciones TIC.
La normativa española exige que las compañías de más de 50 personas en plantilla dispongan de un plan de igualdad negociado, aprobado e inscrito en el registro correspondiente. El incumplimiento de este requisito, lejos de ser un mero trámite, se traduce en una prohibición de contratar con el sector público, con efectos inmediatos sobre la validez de las ofertas.
En el caso del CORA III, tanto la anulación del contrato de MasOrange como la exclusión de Telefónica demuestran una aplicación especialmente estricta de esta exigencia por parte de la Mesa de Contratación. El mensaje hacia el mercado es claro: cualquier error u omisión en esta materia puede costar la pérdida de contratos millonarios, incluso si la propuesta es técnicamente sólida y competitiva en precio.
No es la primera vez que Telefónica tropieza con este tipo de requisito. La falta de un plan de igualdad en la filial Telefónica IOT & Big Data ya provocó la exclusión de la compañía en un concurso de telecomunicaciones en Talavera de la Reina, y fuentes del sector apuntan a que la misma problemática podría reproducirse en otras licitaciones públicas donde participa en UTE, como en las diputaciones de Alicante y Barcelona o el Ayuntamiento de Cáceres.
Efectos colaterales: el Lote 1 y la planificación de la AGE
Más allá del Lote 3, la propia resolución de la Mesa de Contratación advierte de posibles repercusiones sobre el Lote 1 del CORA III, también adjudicado a Telefónica. Este lote corresponde a la provisión de una red nacional multiservicio para la Administración General del Estado, un contrato valorado en 152,15 millones de euros que Movistar ya gestionaba en la edición anterior.
En sus acuerdos, la Mesa traslada al órgano de contratación —el Ministerio para la Transformación Digital— una consulta formal sobre los efectos que podría tener la misma causa de exclusión en ese otro lote. En la práctica, esto abre la puerta a que el problema del plan de igualdad de Govertis o de otras filiales pueda afectar también a este contrato estratégico.
La incertidumbre complica la planificación de los servicios consolidados de telecomunicaciones de la AGE, un programa cuyo objetivo es centralizar, racionalizar y reforzar las infraestructuras de comunicaciones y ciberseguridad de los organismos públicos. Si el conflicto regulatorio se extiende a más lotes, el Gobierno podría verse obligado a replantear plazos, condiciones y, llegado el caso, incluso adjudicatarios.
En este contexto, expertos en contratación pública señalan que la situación pone de relieve la tensión entre, por un lado, la necesidad de garantizar un cumplimiento riguroso de la legalidad y, por otro, el objetivo de asegurar que proyectos críticos de ciberseguridad no sufran retrasos por cuestiones administrativas. El equilibrio entre seguridad jurídica y continuidad del servicio se convierte así en un elemento central del debate.
El episodio del CORA III ha terminado por mostrar cómo un requisito laboral pensado para promover la igualdad interna en las empresas puede convertirse en un factor determinante en la política tecnológica del Estado. La exclusión de Telefónica del contrato de ciberseguridad del Estado, tras la caída previa de MasOrange por el mismo motivo, deja un concurso clave sin adjudicatario, obliga a prolongar soluciones provisionales y lanza una señal inequívoca a todo el sector: en las grandes licitaciones públicas, los detalles formales pesan tanto como la oferta técnica o el precio.
[relacionado url=»https://foropc.com/manual-de-defensa-algoritmica-guia-para-saber-entender-y-actuar/»]