- Varios municipios españoles están instalando o ampliando redes de videovigilancia para mejorar la seguridad ciudadana.
- Las cámaras han sido clave para resolver robos, localizar personas desaparecidas y detectar vertidos ilegales.
- Una encuesta paneuropea revela que el 73% de los españoles planea comprar una cámara de seguridad, priorizando la privacidad y el almacenamiento local.
- La tendencia apunta a sistemas sin suscripciones obligatorias y con control local de los datos.
La videovigilancia se ha convertido en una herramienta cada vez más habitual en los municipios españoles. Tanto para prevenir delitos como para resolverlos, los ayuntamientos están apostando por instalar o ampliar sus redes de cámaras de seguridad en puntos estratégicos. Al mismo tiempo, los hogares particulares también muestran un interés creciente por estos dispositivos, según los últimos estudios de mercado.
Una encuesta realizada a más de 6.000 personas en cinco países europeos, entre ellos España, indica que el 73% de los consumidores españoles tiene previsto adquirir una cámara de seguridad o un videoportero en los próximos doce meses. La privacidad de los datos y el control sobre las grabaciones se sitúan como las principales preocupaciones a la hora de elegir un sistema, lo que está impulsando la demanda de soluciones con almacenamiento local y sin cuotas mensuales obligatorias.
Instalaciones en municipios: más cámaras para más seguridad
Diversos ayuntamientos han puesto en marcha en los últimos meses proyectos de videovigilancia para cubrir accesos, espacios públicos y zonas conflictivas. En la Región de Murcia, el municipio de Blanca ha instalado doce nuevas cámaras en puntos como el Runes, el Alto Palomo o el Parque Cuevas, con un presupuesto de 25.000 euros financiado por el programa ‘Región de Murcia + Segura’. El alcalde destacó que el objetivo es controlar los accesos, disuadir actos vandálicos y dotar a la Policía Local de herramientas tecnológicas avanzadas. En total, Blanca cuenta ya con 50 cámaras operativas en el marco de su Plan de Seguridad.
En Castilla-La Mancha, Campo de Criptana ha puesto en funcionamiento un sistema de once cámaras de alta resolución en siete puntos estratégicos, cubriendo todas las entradas y salidas del casco urbano. La inversión supera los 70.000 euros, subvencionados por la Diputación de Ciudad Real, y las imágenes se centralizan en la Jefatura de Policía para su visualización en tiempo real. El alcalde subrayó que el sistema actúa como elemento disuasorio y facilita la labor de la Guardia Civil y la Policía Local.
En Galicia, el Concello de Lugo ha iniciado los trámites para instalar cámaras de videovigilancia en las calles Tui y Luis Seoane, en el barrio de A Milagrosa, con el fin de atajar los altercados relacionados con dos locales de ocio nocturno. Ante la complejidad de obtener la autorización de la Comisión de Garantías de Videovigilancia, el gobierno local optará por instalar primero cámaras de tráfico, que tienen un trámite más sencillo y un efecto disuasorio similar, y que podrán adaptarse a videovigilancia en el futuro.
La Universidad de Murcia también ha reforzado la seguridad en sus campus de Espinardo, la Merced y San Javier con 14 cámaras de vigilancia en espacios exteriores, debidamente señalizadas. Las cámaras están orientadas a controlar accesos, aparcamientos y viales principales, sin recoger imágenes de puestos de trabajo ni interiores, cumpliendo con la legislación vigente y las recomendaciones sanitarias frente a la COVID-19.
Cámaras que resuelven delitos: ejemplos recientes
Más allá de la prevención, las cámaras de seguridad están demostrando su eficacia para esclarecer incidentes graves. En Ermua (Vizcaya), la Policía Municipal logró localizar a un joven desaparecido gracias a las grabaciones de las cámaras municipales. Las imágenes mostraron que se había dirigido a una zona de difícil acceso, donde fue encontrado tras sufrir una caída. En el mismo municipio, el sistema de videovigilancia y la detección automática de vehículos permitieron detener al presunto autor de un robo con violencia a una mujer de 77 años, ocurrido en Eibar. La matrícula del coche implicado fue registrada en el sistema de alertas, y cuando el vehículo entró en Ermua, los agentes lo interceptaron y arrestaron a un varón de 26 años.
En Jarandilla de la Vera (Cáceres), el moderno sistema de videovigilancia instalado en noviembre de 2025 fue clave para esclarecer el robo de 9.000 euros. La Policía Local identificó, localizó y detuvo al presunto responsable tras rastrear las imágenes. El Ayuntamiento destacó que el circuito de cámaras no solo disuade, sino que se ha convertido en una herramienta cooperativa fundamental para reforzar la seguridad y la tranquilidad vecinal.
En El Campello (Alicante), las cámaras de videovigilancia permitieron identificar a la empresa que vertía aguas sucias al mar en la playa de L’Almadrava. Los agentes redirigieron las cámaras hacia las trapas de la red de saneamiento y grabaron el momento exacto en que un camión cuba realizaba los vertidos. La empresa, especializada en desatascos, fue denunciada y se le ha abierto un expediente sancionador, además de una investigación de la Guardia Civil por posible delito medioambiental.
Preferencias de los consumidores: privacidad y almacenamiento local
Mientras los municipios refuerzan la vigilancia pública, los hogares españoles también se suman a la tendencia. Según el ‘Índice de Consumo de Seguridad en el Hogar’ elaborado por Reolink y Weber Shandwick, el 73% de los consumidores españoles planea comprar una cámara de seguridad o un videoportero en los próximos 12 meses. El estudio, realizado entre más de 6.000 personas en Alemania, España, Francia, Italia y Polonia, revela que el 62% de los encuestados está a favor del uso de cámaras privadas, porcentaje que sube al 67% en España.
Al elegir un dispositivo, los españoles sitúan la privacidad de los datos (31,4%) y el control sobre las grabaciones (25,8%) como factores decisivos. El 64% prefiere soluciones con almacenamiento exclusiva o predominantemente local, y un 22,74% rechaza por completo los servicios de pago. Asimismo, el 38% opta por productos con costes iniciales de pago único frente a dispositivos más baratos que requieren suscripción obligatoria. La ausencia de cuotas mensuales y el acceso ilimitado a los propios datos se encuentran entre los requisitos más valorados.
Para responder a esta demanda, fabricantes como Reolink ofrecen sistemas diseñados para el almacenamiento local, como cámaras con ranura para tarjetas microSD de hasta 512 GB o grabadores de vídeo en red (NVR). También destacan los concentradores domésticos como el Home Hub, que permiten gestionar varias cámaras de forma centralizada sin cableados complejos y con cifrado de datos. Las funciones esenciales están disponibles sin suscripciones adicionales, lo que supone un aliciente para los consumidores que buscan evitar costes recurrentes.
La videovigilancia se consolida así como una herramienta clave tanto para la seguridad pública como para la privada. Los ayuntamientos siguen ampliando sus redes de cámaras para prevenir y resolver delitos, mientras que los ciudadanos demandan sistemas que respeten su privacidad y ofrezcan control local de los datos, en un mercado que evoluciona hacia soluciones sin ataduras mensuales.
